Imágenes de los talleres clandestinos, una forma de esclavitud moderna

Mario tiene 16 años, más que suficientes para saber que no es natural dormir en ese colchón sin sábanas, o que su sueldo, de 700 pesos al mes por 14 horas de trabajo, no justifica ni su agotamiento ni el tener que compartir un baño con los otros 50 bolivianos del taller. Mario se coloca una cámara oculta en la remera y muestra parte de su infierno: un gigantesco galpón con máquinas de coser y cortadoras, el ascensor industrial que lo lleva al sótano para buscar telares y refugiarse en su cama y la oscuridad de una rutina que sólo le da respiro los domingos (ver Clandestinidad...).

Las imágenes, borrosas pero contundentes, fueron tomadas la semana pasada en el interior de un taller de la calle Chivilcoy, en Floresta. Mario registró el lugar con una cámara diminuta que le prestó la Fundación Alameda, una organización que desde hace cuatro años persigue a los talleres clandestinos.

Esta semana la fundación hará la denuncia penal, con la esperanza remota de que los inspectores de la Ciudad no intenten culpar únicamente al capataz del taller, un coreano de poco más de 50 años que, según el relato de Mario, es apenas un empleado más de la cadena de producción.

Sabe Mario, además, que al taller lo suele visitar la Policía, pero jamás baja al sótano donde él vive desde hace un año, cuando llegó de La Paz, Bolivia, por la insistencia de un familiar. "En Buenos Aires hay trabajo", le dijeron. Y aquí llegó.

Se calcula que en todo el país hay entre 150 mil y 200 mil trabajadores textiles informales. Que en la provincia de Buenos Aires hay no menos de 12 mil talleres clandestinos. Y que en la Capital existen entre 3.000 y 3.500, según la estimación de la Defensoría del Pueblo, aunque el Gobierno porteño la relativiza un poco. "Yo calculo que habrá 2.000", dice el subsecretario del Trabajo, Jorge Ginzo.

En lo que todos coinciden es que en muchos casos se trata de trabajo esclavo, hijo de una tradición de la industria textil. El 78 por ciento de los trabajadores textiles está en negro, según reconocen las autoridades del sector. Y la cadena de valor es desproporcionada: al tallerista se le paga un peso por cada prenda que luego puede llegar a venderse a 200 en un shopping.

El drama de los talleres generó alarma social recién el 30 de marzo de 2006, cuando un incendio destruyó el taller de Luis Viale 1269, en Caballito, matando a dos mayores y a cuatro chicos. Pero las cosas no han cambiado demasiado. La Defensoría del Pueblo y la Fundación Alameda reciben tres o cuatro denuncias por semana. La Justicia federal porteña -a cargo del fiscal Carlos Cearras- investiga a cientos de talleres y a 80 primeras marcas, acusadas de ser corresponsables de la "esclavitud".

¿Dónde están los talleres? En Capital se burlan de los controles en los barrios de Floresta, Pompeya, el Once, o en galpones o casas de familia que albergan a 10, 15 o hasta 70 trabajadores en negro, a veces controlados por cámaras de seguridad, otras por la simple mirada del patrón. También en las villas, a donde pocos inspectores se animan a entrar. "En la 1-11-14 hay entre 300 y 500 talleres", advierte Gustavo Vera, de la Alameda.

"Necesitamos que la Justicia federal y el Estado en general intervengan. Hay que ayudar a las víctimas, darles protección a los testigos y apuntarle a las grandes marcas, que son las que hacen la explotación", dice Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y denunciante permanente de los talleres clandestinos.

Yanzón apunta a las marcas, ya que la "Ley de Trabajo a Domicilio" establece la responsabilidad solidaria de las empresas que tercerizan sus servicios. Las marcas, hasta ahora, han venido esquivando culpas con el argumento de que sólo contratan un servicio.

La firma Kosiuko, una de las denunciadas, aseguró a Clarín que está comprometida "en el saneamiento de la cadena de valor" de la industria (Ver La fábrica...). En marzo pasado, la Defensoría denunció a Kosiuko por un nuevo taller clandestino -esta vez en Pompeya- y puso punto final a una Mesa de trabajo donde empresarios y la Fundación Alameda buscaban soluciones al problema.

Mario Ganola es el especialista de la Defensoría del Pueblo. Según dice, el problema es enorme ya que toda la industria textil se maneja con talleres clandestinos. "Es un sistema de producción ya organizado así, donde una obrera hace 50 camisas por día a un peso cada una, y luego esa misma camisa se vende a 200 pesos".

Para Ganola, no tiene sentido regularizar a los talleres, sino asistir a las víctimas y protegerlas para que puedan denunciar su situación sin temor a quedar en la calle. La mayoría de los talleristas, recuerda, son bolivianos indocumentados, muchos llegados al país por engaño.

Una postura distinta tiene el gobierno porteño. Según Ginzo, el subsecretario de Trabajo, "es importante diferenciar los talleres clandestinos de los informales" y sostiene que en la mayoría de los casos se trata de microemprendimientos de subsistencia. El Gobierno porteño impulsó una ley para regularizar los talleres. Se sancionó hace tres semanas, aunque aún no fue reglamentada. Según el gobierno, hay 100 inspectores listos para hacer el trabajo.

¿Qué hacen la AFIP, la Policía, la Dirección de Aduanas? Poco y nada, según reconocen todos los actores. Tampoco el gremio textil, aunque ahora empezó a colaborar con el Gobierno porteño. Esa falta de presencia del Estado se percibe en cada uno de los talleres. En la calle Chivilcoy, de Floresta, en este momento viven 50 personas. Tres de ellos son menores de edad. Uno se llama Mario y su cámara oculta ya está apagada.

Por: Gerardo Young
Fuentehttp://edant.clarin.com/diario/2009/04/12/um/m-01895190.htm

Con derecho a la identidad de género

Con derecho a la identidad de género
Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, feb (IPS) - "En mi familia siempre me vieron como mujer, pero en la escuela me llamaban por mi nombre de varón y por eso abandoné los estudios", contó a IPS Paula Sosa, una travesti que logró cambiarse el nombre en su documento de identidad.

El caso de Sosa forma parte de una campaña iniciada en 2010 por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTA) para la rectificación del registro de nombre y sexo para integrantes de esta minoría sexual.

Pero la campaña, que incluyó el lanzamiento de una guía para comunicadores sobre la mejor información acerca de personas trans, como se denomina a este colectivo, apunta a una conquista más ambiciosa: la sanción de una ley de identidad de género.

En la campaña trabajan mancomunadamente ATTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y cuentan con el respaldo de legisladores de varios partidos dispuestos a avanzar en una norma que resguarde estos derechos.

En Argentina, como en otros países latinoamericanos, ya había personas que se sometían a intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo y a un largo proceso judicial para conseguir que esas modificaciones se convaliden en el documento.

Ahora, de las ocho personas que se presentaron ante la justicia argentina mediante recursos de amparo, tres consiguieron su objetivo en poco más de un mes y sin necesidad de pasar por operaciones de cambio de sexo ni por pericias médicas o psiquiátricas.

El primer caso fue el de la muy popular artista travesti Florencia de la V, su nombre artístico, que con 35 años figuraba en el documento como Roberto Trinidad. Desde noviembre de 2010 se llama legalmente Florencia Trinidad.

"Este documento me dignifica como persona, registra lo que soy y lo que siempre fui", declaró Florencia de la V poco después de recibir su nueva identidad, que también quedó modificada en su certificado de nacimiento.

Para Marcela Romero, coordinadora de ATTA, fue más difícil y tortuoso el proceso cuando ella lo hizo, hace unos cuantos años. Es transexual, se operó a los 23 años y sólo a los 33 logró tener el documento con su nombre de mujer.

A pesar de haberse operado, Romero fue citada muchas veces por la justicia en esos 10 años. Fue examinada por psicólogos, psiquiatras y médicos forenses.

"Me revisaron hasta la vagina", relató Romero a IPS al recordar su experiencia.

La justicia, con el aval de muchos psiquiatras, consideraba el rechazo al propio sexo como un trastorno psicológico al que denominan disforia de género. Pero esta consideración patológica de la identidad de género está ahora en cuestión.

En países europeos como España y Francia, las comunidades trans realizan fuertes campañas para que estas identidades de género dejen de ser consideradas un trastorno mental, como lo fue la homosexualidad hasta hace 20 años, y van camino a lograrlo.

Unas 50 transexuales lograron en las últimas décadas en Argentina el cambio de sexo y documento a fuerza de operarse y de someterse a largos procesos legales para que el juez terminara por otorgarles el nuevo reconocimiento.

Ahora, la jurisprudencia respeta el derecho trans a cambiar nombre y sexo en el documento sin pasar por la intervención quirúrgica ni por las pericias.

"Se respeta la identidad de todos y no obligan a nadie a operarse", sintetizó Romero.

De esta manera Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer la identidad de estas minorías mediante un trámite expeditivo y no invasivo de su privacidad.

En Uruguay se aprobó una ley sobre su derecho a la identidad, pero requiere de una presentación ante Juzgados Letrados de Familia y de una evaluación de un equipo multidisciplinario del Registro Civil, a la que se debe someter el o la interesada.

"En Colombia sí se permite el cambio de nombre en el documento, pero no el cambio de sexo, mientras que en Brasil están saliendo dictámenes a favor del cambio pero sólo para transexuales, es decir, para quienes se operaron", precisó Romero.

En Argentina no hay aún una ley que regule los intereses de personas trans como la que fue aprobada en Uruguay, pero sí se venía registrando un clima proclive a la ampliación de derechos hacia las minorías sexuales.

En este sentido, el Senado aprobó a mediados de 2010 una nueva ley que permite el matrimonio de personas del mismo sexo, una conquista pionera en la región que había comenzado con una campaña de recursos de amparo ante la justicia.

En el caso de la demanda por la rectificación del nombre y sexo en los documentos, ATTA y la Federación también exigen que se apruebe una ley. De hecho, hay un proyecto en el Congreso legislativo que ya tiene el visto bueno de distintos bloques partidarios.

La iniciativa, presentada como Ley de Identidad de Género, busca asegurar el reconocimiento y la dignidad de este colectivo trans mediante el cambio de nombre y sexo en el documento de manera de acceder también a otros derechos.

En los fundamentos del proyecto se señala que la identificación sexual es uno de los aspectos más importantes de la identidad de una persona y que ampara el derecho a no ser discriminado, además del acceso a la salud, a la educación y al mundo laboral formal. Sosa, quien consiguió el cambio de nombre este mes, dice que va a terminar la escuela secundaria que abandonó porque le resultaba muy traumática cuando su identidad era la de un varón. Entonces podrá estudiar odontología, se esperanza.

Mientras tanto se defiende con el oficio de peluquera y está feliz porque el título se lo darán en breve con su nombre de mujer. "En mi familia siempre me apoyaron, pero yo no quería operarme, y ahora tengo mi nuevo documento", celebra.

Según Romero, la vida de una persona trans puede cambiar enormemente con la adecuación del nombre y sexo en su identificación. "Se puede acceder a las políticas públicas, a la ciudadanía", lo resume en un principio.

Después detalla cambios concretos. "Muchas de las personas trans nunca votaron por no tener que pasar por la situación indignante de hacer fila en la mesa con todos hombres y que les digan cualquier cosa", ejemplificó.

Las dificultades se dan casi apenas se manifiesta la contradicción entre el sexo biológico y el género. Estas minorías registran un elevado índice de deserción escolar por problemas de integración, lo cual redunda luego en una casi nula inserción en el mundo laboral formal.

Una investigación publicada en 2006 sobre la Situación de la Comunidad Travesti en Argentina reveló que 64 por ciento de miembros de esta población no había terminado la escuela primaria y otro 20 por ciento no había finalizado el secundario.

Frente a la falta de educación y empleo, una gran mayoría vive por debajo de la línea de pobreza sin posibilidades de acceder a la vivienda y a la salud. "No tenemos opciones y muchas terminan en la prostitución que genera mayor persecución, discriminación y marginalidad", sostuvo Romero.

El informe sostiene que 62 por ciento de estas personas habían fallecido en 2006 a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), 17 por ciento asesinadas y el resto se suicida, son víctimas de accidentes de tránsito, sobredosis de drogas o de mala praxis en operaciones por cambios en el cuerpo sin la debida asepsia. (FIN/2011)

Fuente: IPS NoTICIAS

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97508

Monumento a la mujer originaria

Sumate al proyecto del monumento más grande de Argentina.

Doná una llave o un objeto de bronce y formá parte de este proyecto solidario impulsado por el historiador Osvaldo Bayer y el artista plástico Andrés Zerneri. La pieza escultórica será la más grande del país y reemplazará la del genocida Julio Argentino Roca, ubicada en Perú y Diagonal Sur.

Todos pueden participar ayudando a difundir este proyecto o acercando llaves u otros elementos de bronce al taller del artista plástico Andrés Zerneri en Cabrera 3653 - Palermo Viejo, Buenos Aires, los Sábados de 9 a 20hs.

Tel: 4862-8051

mail: zerneria@hotmail.com

Día Internacional de Recordación del Holocausto

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2005 a través de la Resolución 60/7.
Este día de recordación actúa como enseñanza universal acerca de la atrocidad más grande en la historia de la humanidad, incitando “a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las futuras generaciones las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro” y “rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico”

Fuente:

http://www.amia.org.ar/content/article_detail.aspx?aid=1950&sid=166&smonth=1&syear=2011

Algunos crímenes son imprescriptibles

Ataque sexual como un delito de lesa humanidad

Las violaciones a las prisioneras eran consideradas “hechos eventuales” y por lo tanto prescribían. Desde el año pasado, al comprobarse que se trataba de una práctica sistemática, se las ha equiparado a otras torturas.

Por Mariana Carbajal

Dos policías retirados que integraron el D2, el centro de detención y torturas de la ciudad de Mendoza en la última dictadura militar, fueron detenidos y encarcelados, tras ser denunciados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la capital provincial por una testigo que los señaló como quienes la violaron de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo presa en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle Belgrano. Uno de ellos trabajaba actualmente en el planta verificadora de autos que maneja la fuerza. “Me manoseaban en la celda, me violaban”, contó Rosa del Carmen Gómez. Ella y otras dos testigos más del juicio, Silvia Ontivero y Luz Faingold, relataron, con mucho dolor, haber sido violadas salvajemente durante su permanencia en el D2. “Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno”, declaró Ontivero y recordó con “horror” cómo otra de las detenidas, que estaba recién operada, también fue vejada sexualmente. “Hasta hoy recuerdo sus sollozos diciendo que era virgen y entonces hicieron una violación contra natura”, dijo Ontivero, que tiene hoy 60 años y llegó desde Chile, donde vive, para testificar (ver aparte). Faingold era menor de edad cuando fue detenida y violada: tenía 17 años recién cumplidos.

“Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, explicó otro de los testigos, ex detenido desaparecido, Fernando Rule.

Como ya salió a la luz en otros juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos, cada vez con más detalles queda en evidencia que “las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma sistemática”, destacó la abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel. Para el abogado Pablo Salinas, también querellante del MEDH, las detenciones de los dos policías marcan un punto de inflexión entre la impunidad y la justicia: “Antes había impunidad total llegando al punto de encontrarse varias víctimas con sus abusadores en lugares de la policía donde tenían que hacer trámites”, apuntó a este diario.

El debate oral comenzó el 17 de noviembre. El martes último retomaron las audiencias, que no fueron suspendidas por la feria judicial. Son querellantes el MEDH, el gobierno provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital mendocina. Entre las mujeres que ya declararon, tres de ellas, Gómez, Ontivero y Faingold, manifestaron haber sido violadas. Otros dos testigos varones declararon haber tomado conocimiento de esas prácticas. “La parte más horrible de las torturas fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían, pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones. A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día me hacen tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, y hacen obscenidades y las relatan. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, contó Rule, y aseguró que una chica cordobesa que estaba frente a su celda “fue muy torturada y particularmente violada”. Rule fue el primer testigo del juicio. Su detención se produjo el 9 de febrero de 1976. Por entonces, estaba en pareja con Ontivero. Sus detenciones fueron simultáneas. Ella era delegada de ATE. “Ingresé embarazada al D2, pero lo perdí por la tortura y las violaciones”, contó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 conformado por los jueces Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortés. Fue en la audiencia del 20 de noviembre. De los golpes que recibió también le partieron la nariz. Ontiveros estuvo unos 18 días en el D2. Después pasó a la cárcel de Devoto y recién salió en libertad en 1982.

El 9 de diciembre declaró Rosa del Carmen Gómez. Fue detenida el 1º de junio de 1976. No era militante de ningún partido. Al parecer, la habían confundido –dijo– con una “jefa guerrillera”. Su extenso relato también da cuenta de las terribles violaciones sexuales que sufrió durante su cautiverio, que se prolongó por nueve meses. A partir del testimonio de Gómez, que identificó a sus violadores, se produjeron las detenciones de los policías retirados. “González y Lapaz, junto a Bustos Medina (ya fallecido), fueron los que más me violaron y me torturaron. Lapaz y González están vivos, y uno de ellos, Lapaz, trabaja en la planta verificadora de autos en Las Heras”, afirmó. Lapaz y González no estaban entre los acusados en el juicio. Los imputados son Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal. En un principio también estaban siendo juzgados Juan Pablo Saa, que luego fue apartado (porque a los pocos días del inicio del debate oral sufrió un ACV y quedó en coma) y Osvaldo Fernández, que también fue separado por tener otra enfermedad grave.

El abogado Salinas, querellante por el MEDH, recordó que Rosa Gómez ya había brindado testimonio de las vejaciones sufridas en la D2, una vez que recuperó su libertad, ante el entonces fiscal Otilio Roque Romano. “Romano no sólo no hace nada con respecto a los abusos sufridos por ella sino que además la acusa de subversiva a los términos de la Ley 20.840, en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y violación”, señaló Salinas. Romano es actualmente integrante de la Cámara Federal de Mendoza: está acusado como partícipe secundario en sus tiempos de fiscal –entre 1975 y 1976– en 94 hechos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones. Presentó su renuncia en diciembre, pero todavía no le fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández.

Las detenciones de los policías retirados ocurrieron el 27 de diciembre último, pero se conocieron recientemente. Héctor Lapaz y Miguel González fueron apresados por orden del juez federal Walter Bento, a pedido del fiscal del juicio Dante Vega, quien el mismo 9 de diciembre había solicitado la detención de ambos. Están acusados por violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad, todos en carácter de delitos de lesa humanidad. Se abstuvieron de declarar. Sus defensores pidieron la excarcelación, que fue rechazada, y quedaron en prisión. Apelaron. La Cámara Federal debe resolver sobre su situación.

El martes último, cuando se reanudó el juicio después de un par de semanas de receso, otro testigo, Eugenio París, quien también estuvo en el D2, confirmó que Rosa Gómez era violada repetidamente porque pudo verlo por la mirilla de la celda.

“Los de Rosa Gómez y París son testimonios claves, porque a ambos les tocó hacer tareas de limpieza, para lo cual les quitaron las vendas de los ojos”, explicó a Página/12 el abogado Salinas. Las violaciones y el abuso sexual que los represores cometieron en la última dictadura militar comenzaron a ser tratados como delitos de lesa humanidad recién el año pasado, ya que previamente fueron considerados hechos eventuales y, al no ser parte de un plan sistemático, la Justicia los consideró prescriptos. El primer fallo en establecer la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. En la sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció el represor también constituye una forma más de tormentos y, por ende, es un crimen contra la humanidad. Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.

Página 12- Lunes, 17 de enero de 2011
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160611-2011-01-17.html

Convocatoria abierta para el Festival MAM - Mujeres, Arte y Migración

El Instituto Social y Político de la Mujer (www.ispm.org.ar) convoca a artistas mujeres de todos los ambitos de las artes (música, plástica, literatura, teatro, performance, fotografía, titiriteras etc.), que sean inmigrantes latinoamericanas, que vivan actualmente en Argentina y mujeres perteneciente a pueblos originarios a participar del festival MAM - MUJER, ARTE Y MIGRACIÓN.
Con MAM queremos crear un espacio de la inclusión y la NO-discriminación y visibilizar las problemáticas relacionadas con esta temática.
Las interesadas contactarse con el instituto - las esperamos!
convocatoria.festivalmam@gmail.com

Nació el blog del MAM.

Bienvenidas/os!